Cambiar la Constitución

Artículo escrito y publicado en la edición impresa de expansión del 5 de febrero de 2019.

Cada vez que escucho hablar sobre la reforma de la Constitución siento un sentimiento mezclado entre resignación y decepción. Resignación porque la sonoridad del tema veo que impulsa a estrategias a las que parece difícil renunciar ante la falta de otras propuestas. Estrategias de grandes sustantivos que llaman la atención y, con ello, quieren transmitir con potencia que la situación actual del país es insuficiente, o injusta, o inadecuada, o…

Decepción porque cada 4 años damos a 558 personas (más los 58 senadores por designación) la potestad de legislar en una enorme cantidad de materias y de forma muy específica. Así que el anuncio de una reforma constitucional ni siquiera me parece propositiva, sino una forma de hablar de la propia limitación.

Lo que hoy encara el Gobierno es un ejemplo. En términos legislativos se ha intentado una reforma laboral, una reducción de los aforamientos (vía reforma constitucional, por cierto), la financiación regional, la reforma del alquiler… y sólo se han logrado subidas fiscales y la del SMI.

Se acercan elecciones, aunque aún no las generales, y un refuerzo del logro o de la perspectiva a las intenciones del Gobierno podría venir muy bien.

Mediadores e ibuprofeno podrían lograr la aprobación de los presupuestos, pero también provocar desmovilización del voto al PSOE en gran parte del territorio nacional. Una posible aplicación del 155 (y conste que la secuencia de acontecimientos sería plausible) podría generar fuertes posicionamientos de voto a favor, sí, pero sería un movimiento muy complicado y ruidoso, ya que no sólo impactaría negativamente con el independentismo catalán, sino con Podemos, y, por supuesto, con el nacionalismo vasco. Si bien el PP o Ciudadanos pueden prescindir de casi todos ellos, los socialistas no.

Así que, a día de hoy, la situación tan frágil en la aprobación de los Presupuestos, me hace pensar que el siguiente recurso en la lista del Gobierno para aguantar la legislatura podría ser el anuncio de una reforma constitucional y que contentaría a muchos, incluso a los grupos que más arriba parecían opuestos.

Una reforma que, por lo que ya se ha defendido / propuesto, podría ir desde la política territorial (que siempre habrá de ser asimétrica y que va a generar necesidades de unos plazos y acuerdos mucho más amplios), igualdad entre hombres y mujeres (aunque el artículo 14 ya protege ante cualquier tipo de discriminación) o la limitación de los aforamientos.

El estudio de una reforma se podría iniciar a través de una comisión parlamentaria o en la forma de un ministro sin cartera que se encargue de prospectar intenciones y apoyos. Pero incluso el trabajo discreto de esta figura (descartamos este calificativo en una comisión) puede que no sirva para nada más que para lo que le sirvió a Rodríguez Zapatero: incluir las conclusiones de la reforma en su programa electoral.

Todo este trasiego de propuestas no nos deja ver el problema de fondo y es ¿necesita ser la Constitución objeto de propuestas electorales? Ampliando: ¿necesita la Constitución ser reformada? Sin duda la ley del 78 puede ser objeto de reforma y hay vías establecidas para ello, nadie lo va a negar. Pero ¿es necesario?

Aquí acudo de nuevo al país de las barras y estrellas, donde existen dos corrientes opuestas a la hora de entender la Constitución. Una la del Originalismo como interpretación de la Constitución de acuerdo con su significado inicial y mientras no se realicen enmiendas. Otra la de la Constitución Viva como ley magna que es modificable según la sociedad cambie, pero… claro, la parte de “magna” perdería su sentido si es susceptible de cambio, quedando “ley” como concepto al uso.

La Constitución es un marco legal que fue aprobado en un momento en que las cosas no eran nada sencillas. De hecho, aún estaba por llegar un intento de golpe de estado que se abortó porque esa Constitución cobijaba estabilidad y progreso.

Se hizo lo mejor que se pudo con lo que se disponía en ese momento. Tiene la generalidad y la amplitud suficiente para poder permitir una legislación consecuente y garantista, como la que disfrutamos.

Dado que los legisladores disponen de la potestad de seguir legislando, anunciar una reforma de la Constitución no deja de parecer un golpe de efecto y que requiere un consenso tan grande en algunas de las propuestas, que el escenario actual es complicado que permita.

Enrique Cocero

Consultor electoral y socio Fundador de 7-50 Strategy

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