Impeachment

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Estas semanas han sido trepidantes en lo que se refiere a la política americana y he tenido la suerte de poder vivirlo a varias manzanas de distancia de La Casa Blanca y a algo menos de distancia del Capitolio.

En la sucesión de acontecimientos, primero llegó el anuncio de lo que se ha dado en llamar “The Whistlerblower Complaint” o la denuncia anónima de un agente de inteligencia americano sobre los movimientos y conversaciones de Donald Trump con el Presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky (escrito también “Zelenskyy” o “Zelenskyi”. ¿Se acuerdan de aquel cómico que ganó en mayo unas elecciones presidenciales en un país parcialmente ocupado por Rusia y que luego ganó la mayoría en el Parlamento? Pues ése.

Si hay una conversación, que se produjo el 25 de julio, hay una transcripción y si hay una transcripción se exige su publicación. La Casa Blanca distribuye la transcripción y los demócratas ven en ella (entre otros indicios) oportunidad de abrir la investigación para un proceso de recusación o impeachment a Donald Trump que, de cumplimentar todos sus pasos, podría terminar con el Presidente de los EE. UU. fuera de la Casa Blanca.

Cuando el martes de la semana pasada escuché que era inminente el anuncio por parte de la líder de los demócratas en el Congreso y presidenta de éste, (Madam Speaker) Nancy Pelosi, tuve la sensación de que se estaban tomando demasiado a la ligera el carácter institucional de una figura recogida en la Constitución y es que, últimamente, veo demasiadas instituciones tomadas a la ligera.

Trump es el cuarto presidente que pasa por el inicio de las investigaciones para el impeachment. Los anteriores fueron Andrew Johnson, Richard Nixon y Bill Clinton. Sólo finalizaron el proceso los de Johnson y Clinton, porque Nixon dimitió́ con la investigación en marcha. Sin contar con Trump han sido tres veces en 240 años, pero con Trump lo llevan buscando desde enero de 2019, que es cuando los demócratas lograron la mayoría en el Congreso. ¿Con qué acusaciones? Ahora vamos a esta parte.

El proceso requiere ser iniciado por, al menos, un miembro del Congreso. Este inicio hace que se reúna el Comité Judicial del Congreso (Judiciary Committee o JC en adelante), formado por 41 congresistas y que es la figura que debe abrir las investigaciones y reportar las acusaciones a la propia Cámara Baja. Es decir; no hay acusación formal contra el Presidente hasta que el JC haya investigado, redactado su informe y especificado los delitos imputables.

El JC vota cada una de las acusaciones y con aquellas en las que votación haya sido positiva, se construye un informe que se remite a la totalidad del Cámara de Representantes la cual, para dar el siguiente paso, vota a su vez, cada acusación. Cada una debe encontrar el voto favorable del 51% de los congresistas. Estos son un total de 435, así que son necesarios 218 votos a favor.

Hago aquí un paréntesis: hay un dato curioso en el proceso de Nixon y es que dos de los abogados encargados de la investigación entonces fueron William Weld (hoy uno de los candidatos republicanos que desafían a Trump en las primarias) y Hillary Rodham, (hoy Hillary Clinton, esposa de un presidente que tuvo su impeachment y que ha sido la rival en 2016 del Presidente que hoy se encuentra en esta situación).

Los posibles motivos de reprobación que plantea la Constitución son pocos y no bien detallados: traición, soborno y graves crímenes y faltas. Tal cual: ningún mayor detalle. La usada en los cuatro casos comentados ha sido la última y, por esa vaguedad, en 1973 los abogados que investigaban el caso de Nixon estaban obligados a profundizar en la interpretación del texto. De este trabajo resultó un documento del que Weld y Rodham fueron autores relevantes.

El documento se llamaba «Constitutional Grounds For Presidential Impeachment» y determinaba que «los redactores (de la Constitución) no escribieron una norma concreta a este respecto”. En su lugar adoptaron, de la historia legislativa inglesa, “un estándar lo suficientemente general y flexible como para cumplir con circunstancias y eventos futuros, cuya naturaleza y carácter no podían prever”. Este estudio se consideró uno de los más brillantes análisis respecto al procedimiento que nos ocupa y (nueva ironía) fue una de las bases que se tomaron para el impeachment de Bill Clinton y, probablemente, lo sea para el que nos ocupa hoy.

El trámite del Senado es en realidad un juicio y lo dirigirá́ el Chief Justice del Tribunal Supremo que, a fecha de hoy es John Roberts, propuesto para el cargo por Bush-41 y que lo ejerce desde 2005. Como el de los otros 8 jueces asociados del TS, el cargo es vitalicio y se deja por voluntad propia o por fallecimiento. El jurado lo componen los 100 senadores que conforman la cámara y, para que haya veredicto de culpabilidad se requiere, en al menos uno de los cargos, 2/3 de los votos en este sentido.

La inicial resistencia de Pelosi se explicaba, no solo por el potencial de polarización que todo esto pueda tener, sino porque puede hacer aparecer a los demócratas como demasiado ansiosos, incluso radicales. Un impeachment es un procedimiento extraordinario, una institución de control recogida en la Constitución y los azules llevan desde 2017 hablando del tema y desde enero de este año buscando un motivo para arrancar.

En el momento que se anunció uno de los periódicos más relevantes de información política en EE. UU. inició un contador con aquellos congresistas dispuestos a aprobar las acusaciones, pasarlas al Senado y comenzar el juicio. El martes se cerró con 170 congresistas dispuestos a aprobar lo que saliera… sin saber aún que iba a salir. El miércoles por la mañana ya se había sobrepasado el número requerido de 218. Es decir, ante un JC y un Congreso de mayorías demócratas, John Roberts ya puede ir planchando la toga para acudir al Senado.

Aquí es donde veo yo el problema. Puede que las investigaciones encuentren fundamentos para realizar las acusaciones, pero todavía no se conocen ni las líneas de investigación. Aún así ya está todo dispuesto para pasar el trámite del Congreso y que en el Senado haya un juicio, pero si se lanza un proceso de tantísima relevancia, no puede parecer que esto sea una barra libre de votos para lograr el objetivo.

Si fracasan, que fracasarán al llegar al Senado si las acusaciones no son demoledoras y evidentes, el principal perjudicado no serán los demócratas (aquellos que estén en distritos “battleground” pueden sufrir mucho en 2020), sino que será el propio procedimiento, por haber sido utilizado como una medida desesperada.

Para descabalgar a un Presidente, primero están las elecciones y éstas ocurren en EE. UU., de forma impenitente, cada cuatro años el primer martes después del primer lunes de noviembre. Las elecciones, esa institución tampoco muy respetada últimamente.

Enrique Cocero

Consultor político y socio Fundador de 7-50 Strategy

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