Intituciones

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Si hay una épica que se impone en la transformación de las fronteras (y de forma expansiva) de un país es, sin duda, la americana. Literatura tienen a su disposición para propiciar un hartazgo, filmografía ni les cuento y, por si esto no es suficiente, tienen los libros de historia.

Desde los peregrinos que llegaron a Plymouth Rock en 1620 en el Mayflower y liderados por William Bradford, a las comunidades de Nueva Inglaterra que gobernaría a intervalos John Winthrop. Desde los buscadores de oro de California a mediados del XIX, a los sooners en Oklahoma, en la expansión hacia el oeste a finales del citado siglo.

Las primeras 13 colonias declararon la independencia de Gran Bretaña el 4 de julio de 1776 y los últimos estados en entrar en la Unión, completando la actual lista de 50, fueron New Mexico y Arizona en 1912 y Hawaii y Alaska en 1959. Así que, aunque nos coja a mitad de camino de este recorrido, Abraham Lincoln ya anunció cuál sería el valor (no sólo en su acepción de osadía) necesario para que la nación se mantuviera unida incluso en procesos de expansión: “Es con vuestra ayuda, como pueblo, con lo que pienso que que seremos capaces de preservar, no el país, porque el país se protegerá solo, sino las instituciones del país.”

A lo mejor es que, en España, nos ha faltado un Lincoln que nos dejara tatuado en algún órgano vital que las instituciones no son aquello que ocupan los políticos a los que votamos (no olvidemos nuestra responsabilidad), sino que es todo aquello que todos debemos hacer preservar con nuestro mayor celo. A lo mejor es que vemos el Congreso de los Diputados como “ese edificio de ahí, con los leones” y no como el poder del que emanan las leyes. A lo mejor es que la función de circo de turno que ocurre dentro ha sublimado y nos hace olvidar el proceso para que un texto se convierta en ley o un candidato en presidente. Pero, a base de reír o ignorar las gracias, lesionamos lo que tiene que permanecer para que el país pueda avanzar ante entornos cambiantes: la institución.

Este año de 2019 hemos visto, y de hecho a ambos lados del océano, cómo órganos o procedimientos llamados a prevalecer por encima de sus ocupantes o responsables, han visto reducida su importancia y efectividad a causa de un uso que busca más generar resonancia para los fines propios que lograr el objetivo para el cuál fueron diseñados. Podemos poner como grandes ejemplos el impeachment en EE.UU. o las elecciones generales en nuestro país.

Por supuesto incluyo en la lista las sesiones parlamentarias (especialmente la constitución de las Cortes), la carrera por demostrar quién ha registrado (y guardado en un cajón) más PNLs, las especulaciones en la composición del Consejo de Ministros (asientos en función de las demandas, no de las necesidades administrativas) o la amenaza que se cierne sobre la Abogacía del Estado (sin que nos cuestionemos su función ni a quién se debe), una amenaza que la fiscalía se ha sabido quitar de encima de forma quirúrgica.

¿Por qué el impeachment es un ejemplo? Porque las acusaciones recogidas en la Constitución para iniciar el procedimiento son «traición, soborno, u otros crímenes y faltas» y el Congreso ha ido por el cajón desastre de la última para concluir en «abuso de poder».  «Soborno» o «extorsión» era la intención inicial de los Dems, pero saben (como sabían) que no podrán demostrar esos cargos en el juicio que, posiblemente, tenga lugar en enero en el Senado. La segunda acusación es «obstrucción al Congreso» referida a la reacción de Trump ante los requerimientos en las audiencias en el Congreso, algo que nunca habría ocurrido… sin el propio impeachment.

Dos cargos, y uno derivado del propio proceso, cuando a Clinton se le acusó de 4: perjurio ante el Gran Jurado, perjurio en el caso Jones, obstrucción a la justicia y abuso de poder. En definitiva, estamos ante el uso de una medida excepcional con el fin de desestabilizar a dos rivales y eso que uno de ellos aún sigue en la carrera de las primarias demócratas.

¿Por qué las elecciones en España? Porque las instituciones no requieren estar envueltas en 4 paredes ni vestir su suelo con alfombras. Se busca una segunda oportunidad en vez de asumir la primera, que es la que habla de la responsabilidad del electo, del gobernante, del candidato… El sistema lo permite, sí, pero hay algo perverso en ver más oportuno presionar (o dejar que sea presionado) el botón que vuelva a desencadenar una campaña que asumir que “con estos bueyes…”

Mientras tanto, para encubrir, basta con ir desperdigando el adjetivo “histórico” por todos lados: “estamos ante un momento histórico”, “será un gobierno histórico”, “unas elecciones históricas”, “estamos ante una representación parlamentaria histórica” … simplificando con grandes términos; haciendo que medidas excepcionales tornen en habituales y no haciendo honor, precisamente, a la historia que nos ha traído hasta aquí.

Otras ausencias de perspectiva institucional hablan de mínimos esenciales como puedan ser los debates electorales (ya que tenemos elecciones cada poco…) o las comparecencias ante la prensa. Que el presidente del gobierno falte al balance de fin de año, evidentemente, no es ilegal, pero sienta precedente y rompe una tradición de 14 años, que pueden parecer pocos, pero se necesitaban esas 14 comparecencias para poder llegar a 50 más, lo que ya implicarían 91 años de democracia.

Pero, sobre todo, el tener un gobierno en funciones. Lejos de toda su capacidad, secuestrando el Estado o haciéndolo rehén para justificar el tomar o no ciertas medidas, como si la pregunta estrella fuera «¿Podemos justificarlo diciendo que estamos en funciones?»

La responsabilidad de todo ello puede caer directa sobre la clase política, pero no es ajena al ciudadano, que es quién elige. La pérdida del sentido de la institución supone una cuestión lesiva para quien la detenta porque, al final, cuando dejas el escaño, te jubilas de abogado del estado o te estás divorciando siendo fiscal… todos, menos el Presidente del Gobierno, dejan de ser parte de la institución para pasar a ser un ciudadano como cualquier otro responsable de exigir que prevalezca.

 

Artículo publicado en la edición impresa de expansión del 2 de enero de 2019

Enrique Cocero

Consultor político y socio Fundador de 7-50 Strategy

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